Vicentin rechazó las declaraciones de Alberto Fernández sobre la intención del Gobierno de convertir a la cerealera, con una deuda superior a u$s 1570 millones, en una empresa estatal y aseguró que “no es ni puede ser una compañía testigo que ordene el mercado de granos”.
Esta mañana, a través de un comunicado, el directorio de la firma del norte santafesino se refirió a los dichos del Presidente sobre el plan oficial de volver a la carga, tras el frustrado intento de intervención de hace dos años que generó movilizaciones con banderazos en todo el país.
La agroexportadora también sentó postura sobre la suspensión del concurso de acreedores, que tuvo lugar el jueves, cuando la causa giró inesperadamente en la Justicia: la Corte Suprema de Santa Fe le sacó el concurso al juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, le ordenó que le remita todas las actuaciones del proceso y puso en pausa los trámites y plazos concursales.
VICENTIN LE CONTESTÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ
“Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación, antes de la presentación en concurso, nunca alcanzó el 15% del sector“, argumentó en el texto difundido por el management de la firma, sin mencionar al jefe de Estado, pero en alusión a la intención oficial de la que Fernández habló en una entrevista que publicó Página 12 ayer.
En el reportaje, el mandatario indicó que, en 2020, descartó la estatización “porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”. “Pero en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino y se podría dar un cramdown, dije: ‘Estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero eso”, subrayó.
En ese sentido, la cerealera también hizo referencia a la opción de la que habló Fernández, como alternativa al acuerdo concursal. En noviembre, un grupo conformado por 72 acreedores comerciales -que cuentan con más del 25% de la deuda, un pasivo que supera los u$s 420 millones– postuló la idea de un cramdown. En su diseño, el proyecto de fideicomiso financiero tiene el apoyo del Banco Nación, un actor clave, ya que tiene una acreencia por u$s 300 millones, el mayor monto declarado en la causa, y por eso recibe un tratamiento especial al resto, en forma paralela.
Sobre este plan de salvataje, la cúpula de Vicentin señaló que “las explicaciones relativas a un hipotético cramdown solo llevan a la confusión de la audiencia no especializada, puesto que ninguna detalla cómo se va a financiar la actividad, de dónde saldrán los u$s 300 millones de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias todos los acreedores (no únicamente los granarios) y cómo se protegerán los 1500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera“, consideró, y aclaró que esta idea “queda imposibilitada por el apoyo mayoritario que dieron los acreedores” a la oferta formulada por la compañía.
“Nuestra propuesta -creíble, sustentable y autosuficiente- es la única alternativa concreta que permite a los acreedores recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías, según lo estipulado por la ley”, remarcó Vicentin. Al respecto, recalcó que, a la fecha, esta oferta cuenta con el apoyo de más de 1000 acreedores y tiene posibilidades de alcanzar la declaración de “existencia de acuerdo”.
Según informó en abril en la Justicia Comercial, ya consiguió la adhesión de la mitad más uno (el 51%) de las cápitas de los acreedores granarios. De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras, aún necesita conseguir la aprobación de los acreedores que representan los dos tercios (el 66%) del capital de la deuda y de los financieros, a los que les adeuda u$s 530 millones.
Fuente: El Cronista
