El juez federal Lino Mirabelli homologó hoy el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Dominguez y Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos. Tal como estaba previsto, el presidente deberá transferir en los próximos días $1,6 millón al Instituto Malbrán. De esa manera, quedará sobreseído formalmente, aunque la causa seguirá adelante para otros imputados.
“No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega: “No existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”.
Mirabelli destacó en la resolución un dato que tuvieron en cuenta los abogados desde el comienzo de la causa: la mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 del Código Penal (violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia) terminaron con una reparación. “Ello permitió mitigar el impacto que sobre el sistema de justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego (salud pública)”, opinó el juez.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo el fiscal.
En lugar de someterse a una indagatoria y a una posible condena por violar los decretos que él mismo había firmado, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. La semana pasada, durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, justificó esa estrategia: “Los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo hice. Utilicé un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa como Presidente”.
Ahora el Presidente tiene un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán, tal como habían propuesto sus abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso,. La semana pasada, el juez ya había formado un incidente en el expediente con los datos de esa cuenta.
En otra resolución, el juez también homologó el acuerdo alcanzado por la primera dama Fabiola Yañez, que ofreció donar $1,4 millón. ¿De dónde saldrá el dinero? La presentación ante el fiscal Dominguez, a cargo de los abogados Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, quien deberá hacerse cargo es el presidente. En total son $3 millones.
Infobae reveló que Alberto Fernández está tramitando un crédito para pagar esa suma. Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360. La donación acordada representa casi la mitad de ese patrimonio declarado.
Aunque esa cifra está desactualizada, porque ya pasó casi un año, el Presidente comentó en su entorno que no tiene $3 millones para hacerse cargo de las dos donaciones. Según pudo saber este medio, el crédito será por una cifra parcial.
Desde un comienzo, el objetivo de los abogados fue esquivar la indagatoria de Fernández y de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes a fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa.
Fuente: Infobae
